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El derecho inmobiliario no constituye una rama autónoma del derecho, ya que carece de principios o normas propias. Es, más bien, un área de práctica que integra diversas ramas jurídicas y disciplinas especializadas, enfocada en la gestión integral de los predios.

Aunque suele asociarse con la elaboración y revisión de contratos como compraventa o arrendamiento, su alcance es mucho más amplio. Incluye aspectos relacionados con la propiedad, saneamiento físico-legal, normativa comercial y administrativa, y elementos del derecho internacional.

Esta área también requiere el aporte de ciencias como ingeniería, arquitectura, sociología y economía, fundamentales para procesos como la delimitación de terrenos, estudios de mercado o evaluación de títulos de propiedad. Esto aplica igualmente a la gestión de bienes estatales, regidos por normativas específicas para garantizar su rentabilidad.

Un desafío constante es la dispersión normativa, que dificulta la aplicación coherente de procedimientos. Aunque se han implementado normas para estandarizar procesos, aún queda mucho por avanzar.

Por tanto, el derecho inmobiliario debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando su transversalidad con otras ramas jurídicas y disciplinas especializadas. Por ello, consideramos que esta área debe analizarse desde cuatro ámbitos o perspectivas:

  1. Transaccional, en el que se elaboran y analizan todo tipo de contratos (públicos y privados) para la compraventa, financiamientos, estructuración, inversiones, construcción y otros que tengan como objeto a un predio.
  2. Inmobiliario puro, en el que se desarrolla y analiza el estudio de títulos, las características técnicas del predio, el aspecto urbanístico, las limitaciones sociales que pudieran tener o generar, las adquisiciones, la implementación de proyectos, entre otros.
  3. Saneamiento de los predios, en los que se diagnostican y establecen las estrategias técnicas legales para sanear o limpiar un predio.
  4. Social, en el que se desarrollan las relaciones comunitarias y la responsabilidad social que se tienen entre las personas vecinas de los predios, evitándose conflictos entre ellos.

Téngase en cuenta que uno de los objetivos de esta área de práctica es consolidar el derecho presente o futuro de las personas, valorizar el bien y optimizar su uso, generando con ello seguridad jurídica sostenible en el tiempo.

Autora: Alberto Meneses Gómez

Abogado por la U.I.G.V. Magíster en Derecho Registral y Notarial por la U.S.M.P. Doctorando en Derecho por la U.S.M.P. Docente de pregrado de la Facultad de Derecho – Sede Huancayo de la Universidad Continental. Asociado senior del área inmobiliaria del Estudio Olaechea.

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